Preocupación por un posible incremento de la presión tributaria

La ratificación del Consenso Fiscal por parte de la Cámara de Senadores de la Nación abre la posibilidad de que las provincias activen aumentos del impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo sumamente nocivo para el desarrollo productivo.
12/08/2022
El miércoles 10 de agosto -tras el dictamen otorgado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda- el Senado de la Nación aprobó el nuevo proyecto de Consenso Fiscal, acordado en diciembre pasado por el Poder Ejecutivo y la mayoría de las jurisdicciones del país, a excepción de La Pampa, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De aprobarse este acuerdo en la Cámara de Diputados, se dejarían sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial establecidas con anterioridad, a través de los Consensos Fiscales suscritos en años precedentes. Así, la entrada en vigencia del nuevo convenio pactado entre el Gobierno nacional y las administraciones de 21 provincias habilitaría la discusión de aumentos del impuesto a los Ingresos Brutos, ya que se definirían nuevos topes para las alícuotas máximas aplicables.

Es importante destacar que Ingresos Brutos es uno de los impuestos más regresivos y distorsivos del sistema tributario argentino actual. Al igual que el IVA, su carácter regresivo se debe a que no solo perjudica la competitividad de las empresas sino que su costo es afrontado por todos los consumidores, impactando en mayor medida en los sectores más vulnerables, que destinan mayor parte de sus ingresos al consumo. Por su parte, su aplicación en cascada lo hace distorsivo, ya que se incorpora como un costo y por lo tanto es trasladado a los precios. En otras palabras, el impuesto a los Ingresos Brutos grava varias veces el mismo valor agregado -por la inexistencia del cómputo de crédito fiscal- y se toma como costo de producción, presionando sobre los precios.  

A todo esto se suma un costo administrativo muy elevado, por ser el impuesto con mayor cantidad de regímenes de recaudación del país y con heterogeneidad de características en las distintas jurisdicciones. Además, la existencia de diversos regímenes de recaudación de este impuesto hace que la alícuota efectiva que enfrenta cada empresa sea mayor que la que grava su actividad, ocasionando saldos a favor de difícil recuperación, que pierden valor con el paso del tiempo, producto de la inflación (ya que no se actualizan). 

Otro aspecto de preocupación en torno al nuevo Consenso Fiscal es que insta a las provincias a establecer un impuesto sobre la herencia a lo largo del 2022. Esto también tendría un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, algo que impactaría sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares.   

Además, este tipo de impuesto generaría doble imposición con el impuesto sobre los bienes personales. Los países del mundo que gravan la herencia de bienes no tienen un impuesto sobre los bienes personales, y viceversa. Es decir, se grava el patrimonio de forma anual o en el momento de transferirlo, pero no en ambos momentos.

Lamentablemente, el contenido e implicancias de este Consenso Fiscal 2022 va en el sentido contrario de las medidas que se necesitan para impulsar la reactivación económica y la inversión productiva. Desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región entendemos que los acuerdos políticos de este tipo deberían tender a evitar incrementos de la presión tributaria al sector transable, en lugar de promover un impuesto distorsivo que tiene numerosos impactos negativos -ya conocidos- para la economía en su conjunto.