Aporte solidario y extraordinario

La norma presenta un sesgo que afecta activos productivos de Argentina y restringe las posibilidades de recuperación de la actividad, la inversión y el empleo. La Unión Industrial Argentina (UIA) aborda el proyecto desde una visión productivista que impulse la reactivación económica promoviendo las inversiones concretas que generen empleo y divisas.
17/11/2020


El proyecto de ley del “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo. El sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica.

Fundamentalmente, esto se debe a que el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles. Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte.

Argentina está transitando esta pandemia con una inercia que combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación. Esta delicada situación fiscal puede mejorar, pero sólo será a partir de una recuperación de la actividad y una mayor formalización de la economía.

Actualmente, el sector formal de la economía soporta el incremento de la carga impositiva a costa de una economía informal que le quita recursos al país. Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional, perdiendo cada vez más competitividad y espacio en los mercados externos. El sistema tributario debe incentivar la reactivación económica, inversión y la generación de empleo. El proyecto en cuestión va en sentido contrario.

La redacción del actual proyecto complejiza un marco ya muy adverso para las empresas argentinas: el número de empresas activas cae sistemáticamente desde hace 4 años, con 40.300 firmas menos en junio de 2020 respecto a junio de 2015. De ese total, 6.070 son industriales, esto es una caída de -11% en el período mencionado. Esto tiene su contrapartida en términos de empleo, el cual tiene una caída acelerada desde mediados de 2018. En junio 2020 el número total de asalariados privados fue de 5,82 millones, esto es 290 mil menos que un año atrás y 435 mil menos que en el mismo mes de 2015.

Este proyecto grava aquellos recursos que deben destinarse a la inversión, indispensables para recuperar el crecimiento. La tasa de inversión en relación con el PIB es una de las más bajas en términos históricos, con 13,2% en el período prepandemia, en el primer trimestre de 2020. Además, la baja profundidad del sector bancario en nuestro país (con una relación entre crédito y PIB de solo el 9,7%) hace que mayormente las empresas tengan que aplicar recursos propios y de sus accionistas para invertir.

La situación que vive el país requiere generar confianza en nuestra economía, promover la inversión, disminuir la brecha cambiaria a partir del ahorro en moneda nacional y recuperar reservas. El acuerdo reciente por la deuda es un paso importante en esta dirección y es necesario fortalecer ese camino.

Debido a los problemas antes mencionados, es clave no afectar aún más el sector productivo y subsanar los problemas del proyecto actual. Para ello se plantea:

1.    Excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos.

2.    Permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.

3.    Incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación).

4.    Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.

 

Ver informe con propuesta UIA con visión productivista.